Frente a la política implementada por el Gobierno, consistente en la aplicación de derechos de exportación en forma de porcentaje, aparecieron voces en desacuerdo. Algunas lógicas, la de los productores rurales, defendiendo su parte. Otras incomprensibles, provenientes de sectores de clase media, que advierten riesgos inexistentes. Suelen decir que esta medida será inflacionaria. Pierden de vista que en el año en curso estuvieron en la mayor parte del tiempo reducidos, y sin embargo la inflación aumentó. También están los que ven una elevación desmesurada de la presión fiscal. Cuando se les dice que en los países nórdicos la presión es aún mayor nos responden que en esos países los servicios públicos son excelentes. Vista esta respuesta decimos que el tema entonces es mejorar los servicios públicos. 

Dejando de lado las consideraciones anteriores, podemos decir que, si no se gravan los principales productos exportables de origen agropecuario, se producen dos fenómenos negativos:

1. Los alimentos se encarecen (ejemplo la carne tras la devaluación de octubre de 2018). Ello sucede porque esos productos al exportarse escasean en el mercado interno. Por lo tanto, a igual demanda y menor oferta, suben los precios

2. Ese tipo de bienes se satisface con un tipo de cambio desfavorable para los bienes industriales. Por lo tanto, se estimula la importación y se desmotiva la exportación de estos bienes. Indudablemente tienen costos diferentes. 

Parte de lo señalado configura los síntomas de la llamada enfermedad holandesa. 

Cierro con un comentario puntual quizás poco o nada conocido.  El porcentaje de los derechos de exportación de la carne bajó del 12 al 9%. Pero en la gestión del Gobierno anterior el máximo era de 3 pesos por dólar.  En cambio, ahora no hay máximo.